SOCIAL WATCH 2003

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El programa social de la República Bolivariana

Frente Continental de Mujeres

A contracorriente de las tendencias predominantes, la Constitución Bolivariana de 1999 consagra derechos ciudadanos como el de la salud y la atención médica, así como otros derechos sociales, al tiempo que amplía la responsabilidad del Estado. La nueva República, en el contexto del desarrollo social, promueve la elevación del nivel de vida a partir de la acción común y solidaria, así como un sentido de inclusión y pertenencia a través de la participación política, económica y social.

Venezuela sufrió una explosión social en febrero de 1989, en respuesta a un programa de ajuste económico. Las medidas represivas ante el denominado “caracazo” terminaron con la vida de centenares de ciudadanos, pero en 1993 fue constitucionalmente destituido el Presidente de la República. Mientras tanto, ese mismo año se inició el colapso financiero, con la caída del Banco Latino, agravándose la crisis económica a partir de 1994. Para agosto de 1995, 18 de los 41 bancos privados estaban intervenidos y 70% de los depósitos eran administrados por el Estado. Igualmente, en este mismo contexto, se produjeron las asociaciones de bancos con la Banca extranjera y, para finales de 1998, abundaban los bancos extranjeros entre los principales accionistas de la banca en Venezuela. En su segundo gobierno (1995-1998) el Presidente Rafael Caldera suspendió las garantías constitucionales sobre bienes inmuebles, la propiedad privada y el comercio e impuso restricciones a los viajes al exterior, al derecho de reunión y la inmunidad contra arrestos arbitrarios. A pesar de que el Congreso levantó las restricciones, el Ejecutivo las reimplantó para prevenir la huida de capitales y la especulación.

Sin embargo, el Ejecutivo en 1997 impulsó la aprobación de un proyecto de reformas que incluía la privatización de sectores industriales clave; el Legislativo, por las presiones y desacuerdos políticos, impidió tal aprobación. En paralelo, durante la década del 90 diversas fuerzas sociales se fueron aglutinando en torno a un nuevo proyecto de país, en la búsqueda de una democracia participativa e inclusiva; Venezuela entró en un proceso cualitativamente diferente a partir de diciembre de 1998, con el triunfo electoral del Comandante Hugo Chávez Frías.

La República Bolivariana de Venezuela

Con este nuevo gobierno se inició la República Bolivariana, centrada en la construcción de una “Sociedad Justa y Amante de la Paz”, de “Derecho y de Justicia”, que quedó consagrada por derecho cuando, un año más tarde (1999), por referéndum, el pueblo adoptó la Constitución Bolivariana, cuyo fin “supremo” es “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.”

En esta Revolución, el mercado continua jugando un papel de importancia, pero con la presencia de un Estado fuerte que lo regula y de una comunidad organizada que realiza la contraloría social, en tanto el pueblo no delega su soberanía y se organiza para ejercerla plenamente en una democracia participativa y protagónica.

El centro de atención del nuevo gobierno es enfrentar la pobreza, que según los estudios efectuados por la Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la población Venezolana, estaba concentrada en los estratos IV y V, los que representan el 39,3% y 40,7% respectivamente; la clase media, por otra parte, también estuvo en proceso de empobrecimiento llegando a ser el 11,9% para 2001, y, según el Informe de UNICEF,[1] la proporción del ingreso recibido por el 20% de los hogares con el ingreso más alto fue, entre 1990 y 1997, el 52% del ingreso, en tanto el 40% de los hogares de ingresos más bajos alcanzaron sólo al 13% del mismo.

Así también se enfrenta al desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desocupación abierta ha sufrido variaciones significativas pasando de 15,3% en 1999 a 12,8% en 2001. La tasa de inflación bajó de 29,9% en 1998 a 12,3% en 2001, lo que significa un considerable descenso en relación al nivel de 1996, cuando se elevaba a 106%, la más alta de la región.[2]

Estos problemas continúan siendo flagelos en la sociedad venezolana, y el gobierno los ha tenido presentes a la hora de diseñar las políticas económicas, pero la falta de voluntad política de una buena parte del sector privado de la economía para invertir. La fuga de capitales hacia el exterior, la baja productividad que aún nos acompaña, la crisis fiscal de 2002, relacionada con la baja de los precios del petróleo, en el primer semestre del año, incidieron negativamente sobre los desembolsos financieros del gobierno, el empleo y la inflación.

El gasto social

El gobierno ha destinado montos importantes para el gasto social dentro del gasto público. Las cifras expresan que se pasó del 34,7% en 1998 al 38,5% en 1999, sosteniéndose ese porcentaje hasta 2001 con el 38,4%. Igualmente, corresponde el aumento progresivo y sostenido del gasto público social como porcentaje del PBI, que pasó del 7,8% en 1998 a 9,0% en 1999, 10,7% en 2000 y a 11,8% en 2001, tal como lo indica el Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela en 2002.[3]

Esta construcción se expresa, en lo concreto, a través de diversas medidas, tales como:

La eliminación de cualquier pago por inscripción en las escuelas públicas, el desarrollo del programa de las escuelas bolivarianas públicas totalmente gratuitas, de doble turno, con meriendas en la mañana y en la tarde, almuerzos, deporte, tareas dirigidas, programas de desarrollo cultural, mejoramiento sustantivo de la infraestructura y atención especial a la calidad de la educación pública. Desde el año 2000 hasta diciembre de 2003, se crearán 3.000 escuelas para el funcionamiento de esta modalidad educativa, y el impacto está referido fundamentalmente en la ampliación de matrícula, la prosecución educativa y el mejoramiento nutricional de los niños y las niñas.
El desarrollo, a partir de 2002, del Programa del Preescolar Público, como un programa especial, cuya meta es lograr que todos los niños y niñas, cualquiera sea su condición económica, puedan acceder a esta fase educativa. Según la Memoria 2001 del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, la matrícula preescolar interanual creció de 2,8% en 1998-1999 a 8,5% en 1999-2000, llegando a 800.885 alumnos. Para 2000-2001 se tuvo 835.074 alumnos, con 4,3% de crecimiento interanual.
La implementación creciente de un programa público de construcción de viviendas dignas, dirigido hacia las comunidades en condiciones de pobreza que incorpora, cada vez más, a la comunidad organizada en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento del mismo.
El programa de acueductos rurales y las mesas técnicas de agua (potable y servidas) en las comunidades pobres –urbanas y rurales–, con la metodología participativa ya señalada. Según el Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela, 2000 OCEI/ PNUD, el 91% de la población tiene acceso estos servicios. Es más, ante las deficiencias del servicio y bajo el principio de la corresponsabilidad Estado-Sociedad, las comunidades se organizan para resolver dicha situación.
La implementación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que persigue mejorar la soberanía agroalimentaria de nuestro país, democratizar el derecho a las tierras productivas para los trabajadores y trabajadoras del campo, así como el apoyo técnico y financiero y que, en su articulado, le da prioridad a la mujer sola, jefa de familia para acceder a este último beneficio social.
La implementación de la Ley de pesca que busca, entre otras cosas, proteger a los pescadores y pescadoras artesanales, de la acción depredadora de las grandes empresas de arrastre que, no sólo golpean la economía de los pescadores artesanales sino que, al mismo tiempo, afectan los lechos marinos
La implementación del Decreto Ley que desarrolla el derecho constitucional de nuestros aborígenes a su lengua y con ello el derecho de todos y todas a reconocer y respetar nuestra multietnicidad, pluriculturalidad y a tener una vida digna, fundamentada en el trabajo, la educación, la justicia y la equidad.
El desarrollo del sistema microfinanciero público, fundamentado en la solidaridad, la disciplina en el trabajo, el diálogo de saberes y la co-responsabilidad Estado-Sociedad: este sistema condujo a la creación del Banco de Desarrollo de la Mujer, el Banco del Pueblo Soberano y el Fondo de Promoción y Desarrollo de las Microfinanzas. Instituciones microfinancieras creadas para enfrentar la pobreza y lograr las metas que, en este sentido, se acordaron en la Cumbre del Milenio.

La construcción de la República Bolivariana de Venezuela se manifiesta, también, en el “Plan Estratégico de Salud y Desarrollo Social 2000-2006”, que ha servido de orientador a la acción gubernamental en el área; aún cuando su implementación debe saltar todos los obstáculos que supone realizar cambios profundos que lesionan intereses de grupos poderosos. Para una mayor compresión del asunto se transcribe parte del texto a continuación: “En el marco de la nueva República Bolivariana de Venezuela, la Constitución establece como derecho de los ciudadanos el de la salud y el de la atención médica, de igual manera una serie de derechos sociales, en tal sentido las intervenciones del [Ministerio de Salud y Desarrollo Social] han de estar dirigidas en función de satisfacer estos derechos con igualdad de oportunidades y equidad... La nueva política social y de salud en el contexto del desarrollo social promueve la elevación del nivel de vida a partir de la acción común y solidaria; un sentido de inclusión y pertenencia a través de la participación política, económica y social.”[4]

A este planteamiento introductorio le siguen los lineamientos generales que se sintetizan en:

Garantizar la salud y el desarrollo social como derecho y responsabilidad del Estado.
Desarrollar políticas públicas de salud y desarrollo social dirigidas a mejorar las condiciones y calidad de vida y ambiente.
Orientar las políticas públicas de salud y desarrollo social para lograr la eficiencia del sistema de atención que eleve el acceso a los servicios y reducir inequidades.
Orientar la gestión pública de salud y desarrollo social para garantizar la satisfacción de los usuarios y elevar la calidad de atención.
Generar un proceso sostenido de desarrollo social que implique la integración y crecimiento social.
Superar las situaciones de exclusión social, cultural, económica y política con resultados cualitativa y cuantitativamente superiores a la situación inicial.
Reforma y modernización del sector salud.
Fomentar la participación activa de los ciudadanos en la solución de sus problemas.
Fortalecer e implementar el proceso de descentralización a través de la transferencia de administración de los ambulatorios, dispensarios, medicaturas rurales y hospitales públicos nacionales (incluyendo los del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), así como la ejecución de programas sociales o políticas de beneficios hacia los estados y municipios.[5]

Los principios orientadores de la política, son los siguientes:

Participación social. Principio que supone que el ejercicio de lo público no se agota en lo estatal, orientado a la consolidación de espacios legítimos y formales de intercambio y expresión de los ciudadanos implicando la redistribución de poder, como propiedad colectiva ejercida por los sujetos sociales tradicionalmente excluidos, siendo posible la solución de los problemas a través de la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que impactan sobre el desarrollo social y la salud.
Equidad. Principio que supone la igualdad en la asistencia a la salud y el desarrollo social, con acciones y servicios priorizados en situaciones de riesgo de las condiciones de vida y de la salud de determinados individuos y grupos de la población, orientado a la consolidación de la justicia social que permita el desarrollo humano de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Universalidad. Principio que se basa en garantizar los derechos sociales establecidos a todos los venezolanos y venezolanas a través de la aplicación de políticas orientadas a elevar la calidad de vida, ya que todas las personas tienen el derecho a la protección de la salud.
Gratuidad. Principio que garantiza la atención integral en salud y desarrollo social sin cargo alguno ni distinciones de ninguna clase.[6]

Polarización

Durante el año 2002, este proceso de construcción de la República Bolivariana ha sido duramente atacado por sectores que se vieron afectados por la política de no privatización de las industrias básicas, fundamentalmente la del Petróleo; el uso adecuado de la tierra y los espacios marinos, con criterios de Desarrollo Humano, Sostenible y Sustentabilidad de los recursos naturales. Estos ataques han incluido desde el golpe de Estado efectuado el 11 abril de 2002, hasta la implementación de una serie de medidas económicas, políticas y conspirativas a fin de año para sacar al Presidente de la República del poder. Las fuerzas sociales nuevamente tienen un papel protagónico y así como en el mes de abril, en forma organizada y desde las calles, lograron recuperarlo y reponerlo, en alianza con las Fuerzas Armadas Constitucionales. En la actualidad, con acciones sostenidas y organizadas, buscan garantizar su espacio de protagonismo real, en una democracia participativa, y tratan de mantener el orden constitucional y democrático, defendiendo los logros hasta ahora alcanzados e impulsando este proceso.[7]

Notas:

Los autores agradecen el apoyo del Centro de Documentación y la Unidad de Evaluación de Impacto Social del Banco de Desarrollo de la Mujer de Venezuela.